Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda y Administración Pública.

Redacción. Sevilla
El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado el decreto de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía, todo ello con el voto en contra del PP-A, así como también de los dos diputados de IULV-CA por la provincia de Sevilla, Juan Manuel Sánchez Gordillo y Marina Segura, quienes han roto la disciplina de voto marcada por la federación de izquierdas, dado que su Ejecutiva aprobó que el grupo parlamentario apoyara la convalidación del citado decreto en la Cámara andaluza.

Los dos diputados de IULV-CA han votado tanto en contra de la convalidación del decreto-ley del plan de ajuste de la Junta como de su tramitación como proyecto de ley, una tramitación que ha sido apoyada por el resto de diputados que componen la Cámara andaluza.

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que ha solicitado en el Pleno del Parlamento la convalidación del citado decreto-ley, ha defendido que el compromiso con la estabilidad presupuestaria ha de ser compatible con la puesta en marcha de políticas de reactivación económica y de estímulo, considerando que “apostar exclusivamente por la consolidación fiscal nos parece poco racional”. En su intervención en la Cámara andaluza, Aguayo se ha mostrado convencida de que, sin crecimiento, ningún país va a poder sanear sus cuentas y ha insistido en la idea de que “impulsar el crecimiento es determinante para poder solucionar nuestro principal problema, que es el desempleo”. Si bien, sobre el contenido del decreto-ley, ha explicado que recoge todas las medidas previstas en el plan económico, que requieren de rango de ley para su aplicación.

Ha recordado que en el Plan se establecen una serie de actuaciones a llevar a cabo para cumplir con el objetivo de déficit establecido para el año 2012. Medidas dirigidas, por una parte, a posibilitar ingresos adicionales, por importe de 1.000 millones de euros y, por otra parte, a reducir el gasto previsto, por importe de 2.500 millones. Finalmente, la consejera ha reiterado que Andalucía “cumplirá su compromiso” con la estabilidad presupuestaria, aunque el objetivo de déficit fijado es “injusto, insolidario y desproporcionado”, tanto en lo que se refiere al reparto del esfuerzo de ajuste entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.